¿SIETE AÑOS MAS DE IMPUNIDAD?

La constitución de la República de Honduras establece como atribución del Congreso Nacional el elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros para el periodo que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la junta nominadora. Este mismo cuerpo jurídico determina que los magistrados y jueces independientes son el medio a través de los cuales se ejecuta la potestad de impartir justicia de manera “gratuita” en nuestro país.

La corte Suprema de Justicia deberá de estar integrada por 15 magistrados y sus decisiones se tomaran por la mayoría de la totalidad de sus miembros.  Para ser magistrado de la corte suprema de nuestro país es necesario ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado debidamente colegiado, mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional por mas de 5 años, o ejercido la profesión durante 10 años. El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de 7 años, contados a partir de la fecha en que presten su promesa de ley.

La constitución de la República también determina quienes integraran la junta nominadora encargada de proponer una nómina de donde serán electos dichos magistrados, siendo integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, Colegio de abogados, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Claustro de Profesores de la Escuela de Ciencias Jurídicas a través de la UNAH, Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Confederación de Trabajadores. Las organizaciones que integraran la junta nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la comisión permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo mínimo a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero.

Nuestro país a lo largo de la historia ha sido carente del pilar fundamental para que funcione una sociedad: LA JUSTICIA, la cual solo ha favorecido a quienes gozan del poder, y ha creado no solo una inmensa desigualdad, sino también un atraso irreversible a la sociedad.

El pueblo como poder originario y soberano que da vida al sistema “representativo” no goza de ese derecho inherente a pesar de estar en una supuesta “democracia” la cual debería de garantizarnos a todos los hondureños un trato igualitario, cumplimiento fielmente las normativas esenciales del derecho para una satisfacción plena del ciudadano.

Como todos lo sabemos el poder Judicial es el poder del Estado (que emana del PUEBLO) encargado de impartir justicia y hacer cumplir el derecho vigente en Honduras; órgano del estado que tiene la potestad de administrar justicia y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. Lamentablemente las leyes en nuestro país (literalmente muy completas) no se cumplen en lo mas mínimo, y quienes son encargados de impartir justicia, son con frecuencia los primeros infractores, creando una desarticulación social y por ende un fracaso del estado.  

Son innumerables las cantidades de casos en nuestro país en donde descaradamente se observa la inclinación de la balanza al mejor postor, violentando toda normativa jurídica y atropellando cualquier derecho humano, solo con el fin de satisfacer una sedienta corrupción, abonando al descalabro del sistema judicial nacional.

El papel de la Corte Suprema de Justicia (en todos los niveles jerárquicos (Juzgados de Paz, Juzgados de Letras, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema)) a través de la era “democrática” de nuestro país, ha sido de muy poca credibilidad para el mejoramiento jurídico nacional, actuando de manera parcial y prestándose a cualquier clase de picardías, irrespetando la soberanía popular.

El atraso jurídico nacional se refleja en la politización partidaria de la justicia, un bipartidismo atroz que sigue haciendo desastres e imponiendo decisiones, marcando de colores la justicia cuando debe ser color blanco de pureza, por lo que si el gobierno central es azul la justicia es azul, y si el gobierno es rojo la justicia es roja, conceptos arcaicos y totalmente errados que nos tienen en los escalones más altos de corrupción a nivel mundial, y en una profunda miseria.  

Desde el mismo momento en que las decisiones tomadas por un poder del estado infringen la voluntad popular y nuestro derecho positivo, ocurre una retroactividad soberana retomando el poder originario al pueblo ya que el poder nace de las mayorías.

Hay que comprender de una vez por todas, que un país sin justicia es un país fracasado, no puede existir la paz y mucho menos el desarrollo sin justicia, es literal y prácticamente sencillo, pero nuestros gobernantes una vez más sedientos de poder no miran más allá de sus narices y solo actúan en base a sus intereses personales.

Necesitamos magistrados capaces, con principios y valores, que velen solo por la búsqueda de la justicia, no precisamente por el cumplimiento acérrimo del derecho, porque existen estados (como el nuestro) que astuta y maliciosamente crean y crean leyes sin sentido, sobre poniéndose una sobre otra, pretendiendo confundir y hacer inclinar la balanza solo por sus intereses, por lo que me atrevo a decir que siempre siempre siempre debe prevalecer la JUSTICIA SOBRE EL DERECHO, sobre el formalismo, sobre la confusión.

Es tiempo de cambiar y hacer que cambien estas erradas decisiones de las minorías que nos pretenden gobernar, siendo urgente que todos y todas nos involucremos y nos unamos en una sola fuerza social, indistintamente de colores partidarios, y caminemos de frente por el bienestar y mejoramiento de nuestra patria. NO A SIETE AÑOS MÁS DE IMPUNIDAD.

Abog. Samuel Inestroza