El Engaño Jurídico

Muchos supuestos intelectuales en derecho constitucional y algunos representantes de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país mienten en sus arreglados discursos al pretender engañar una vez más al pueblo hondureño con una nueva violación a nuestra carta fundamental, esta vez haciendo una interpretación antojadiza de un artículo fundamental en nuestra Constitución como ser el articulo 311 el cual establece:  “ARTICULO 311.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir. Presentada la propuesta con la totalidad de los Magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los Magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes……….”

Muchos “estudiosos” pretenden hacer pensar al pueblo hondureño que de no lograrse la elección de la Corte por la mayoría calificada de sus miembros, esta se puede repetir tantas veces fuera necesaria hasta conseguirlo, aduciendo que pudieran ser días, semanas, meses o años para lograr dicha elección. Esta aseveración es totalmente falsa, errónea he inconstitucional ya que el artículo 312 de nuestra carta magna (o lo que queda de ella) determina el contrapeso a este artículo anterior  al establecer literalmente: “ARTICULO 312.- Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el Presidente del Congreso Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los Magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero.”

Esto quiere decir que si bien es cierto el articulo 311 habla de una elección las veces que sean necesarias, ya el articulo 312 llena ese vacío de ley al plasmar un plazo mínimo y un máximo para la presentación de la nómina de candidatos y su respectiva elección, teniendo los diputados más de tres meses para poder consensuar con todos los sectores del país y escoger a los hombres y mujeres más preparados en la rama del derecho, siendo lo más importante la sed y animo de impartir justicia, falencia tan necesaria para lograr la paz nacional.

¿Por qué existió una nueva violación a nuestra constitución?.......

“ARTICULO 4.- La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.

La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria.

La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria.”

 Al expresar que la forma de gobierno se ejerce por tres poderes complementarios, independientes y sin relaciones de subordinaciones, significa que tanto el periodo de gobierno presidencial (Poder Ejecutivo (4 años)) como los del congreso nacional (Poder Legislativo (4 años)) y de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial (7 años)) son de plazo fijo (inquebrantables) al ser parte de la mismísima forma de gobierno, por lo tanto nadie puede violentar este precepto constitucional, según el artículo 374 que literalmente dice: “ARTICULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.”

Es decir al momento de no haberse electo la Corte Suprema de justicia en el término constitucionalmente establecido (máximo 25 de enero) se quebrantó la forma de gobierno, ya que se extendió el plazo del periodo de la Corte Suprema de Justicia, sin una autorización bajo mandato popular, situación que no podía componer ningún poder constituido (elección de nueva corte), ya que esa es una facultad originaria del poder constituyente, por lo tanto el periodo de ejercicio de la Corte suprema de Justicia anterior fue ilegal y quebrantó la forma de gobierno de nuestro país, al igual que la elección de la nueva corte suprema es totalmente ilegal no solo por el procedimiento viciado desde el origen de la nómina de candidatos sino que también porque fue electa fuera de los plazos constitucionales ya establecidos.

La única forma de restituir el estado de derecho es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, originaria y con poderes ilimitados, la cual pueda redactar mediante delegados soberanos un nuevo pacto social, real, generalizado, y de acuerdo a las necesidades actuales de nuestra población.

Es triste ver como gente inescrupulosa juega con la verdad y le miente al pueblo pretendiendo limpiar sus cochinadas con el cinismo y la desinformación. Recuerden que el derecho no ejercitado, no es derecho; derecho no vivido, no es derecho; derecho pasivo, no es derecho. La única forma de transformarlos como tales es ejercitándolos. Ejercitarlos es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo.

Abog. Samuel Inestoza

¿NUEVAMENTE SE ROMPE EL ORDEN CONSTITUCIONAL?

El artículo 312 de la Constitución de la República determina: “Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el Presidente del Congreso Nacional, a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los Magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por la mayoría calificada de la totalidad de sus miembros.”

El día de ayer 25 de enero del presente año 2016 era la fecha máxima que establece la constitución de la República para la elección de los 15 magistrados que conformaran la nueva corte suprema de justicia. Como es del conocimiento de todos, dicha elección no se pudo concretizar, en virtud de que el oficialismo (bipartidismo) no logro conseguir los 86 votos necesarios para llevar a cabo dicha elección, con una actuación heroica y contundente por parte de la oposición, quienes sostuvieron inclaudicablemente su posición al votar en contra de una nómina impuesta por el gobierno de turno, al igual que demostraron el debido respeto al pueblo al someterse y exigir el voto público, obligación que como representantes del pueblo deben de realizar.

La gran tristeza inundo los rostros de los enemigos del pueblo, quienes pretendieron a capa y espada comprar conciencias y sobornar decisiones al querer imponer una nómina de profesionales del derecho que su única función seria inclinar la balanza justiciera hacia su patrono, sin importarles la sed de este pueblo de verdadera justicia social e igualitaria.

Es increíble el cinismo que engloba a los actuales gobernantes, quienes  efectivamente hacen lo que tengan que hacer para lograr sus objetivos, pisoteando las decisiones de las mayorías e ignorando el sufrimiento de un pueblo que a gritos clama justicia.

La oposición no pretende estar en contra de todo, ni eludir el mandato constitucional, simplemente pretende la construcción de un poder del estado verdaderamente imparcial y profesionalizado, el cual tiene que estar conformado por los hombres y mujeres más pulcros y capaces del país, con una visión clara de la búsqueda de la justicia indistintamente de a quien le apunte la espada, y con un patriotismo que sobresalga del alma, al tomar decisiones en base al irrestricto cumplimiento de la ley y encaminada a la búsqueda de la justicia, lo que nos convertiría en una nación sobresaliente.

El poder judicial tiene un mandato fundamental en un estado de derecho, ya que por orden constitucional tiene la potestad de impartir justicia emanada del pueblo y de manera gratuita en nombre del Estado; por lo tanto es importante que dicha función sea impartida por los mejores profesionales en las ciencias jurídicas, sin injerencia ni sobornos, y en donde siempre prevalezca la justicia ante el derecho.

Hoy nuevamente nos encontramos ante otro rompimiento del orden constitucional, ya que el plazo máximo para la elección de los magistrados ha caducado, por lo tanto desde hoy no hay una conformación de este poder del estado, ya que no se ha juramentado la nueva corte, ni se ha ratificado la anterior, por lo tanto nuevamente hay una violación a la normativa primaria. Esto ocurre gracias al proceso viciado de una justa nominadora inclinada al mejor postor, la cual evitó a toda costa que la gente independiente y capaz participara en dicho proceso y se posicionara como nuevos magistrados, ya que quien no es de su línea y mandato se convierte en un estorbo para el logro de sus fines.

Lamentablemente los malos hondureños una vez más agreden a un pueblo moribundo, que evita a toda costa 7 años más de impunidad, un pueblo que sigue al pie de la bandera firme para construir y dispuestos a continuar en la batalla.

El papel disciplinario de la oposición debe continuar inclaudicable, representado con valentía y patriotismo a las grandes mayorías, como hasta ahora lo han hecho.

Como pueblo solo queda esperar y seguir observando paso a paso todo el proceso, siempre vigilantes…..

Atte,

Abog. Samuel Inestroza  

SEGUIMOS EN GUERRA

Recientemente el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirmó que la tasa de homicidios al cierre de este año 2015 será de 61 por cada cien mil habitantes, con un promedio de homicidios diarios de 14 personas. Dichas cifras continúan siendo alarmantes, convirtiendo a nuestro país en uno de los más violentos del área. De la misma forma informes internacionales continúan declarando a nuestro país como uno de los más corruptos, con elevados índices de impunidad y violadores de los derechos humanos.

A mediados de octubre del presente año, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentaron la penosa decisión por parte de los representantes de Honduras de no asistir a las sesiones convocadas por este organismo internacional, en donde se tratan temas de excesiva importancia para el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos, dejando en evidencia por parte de los representantes de nuestro país la expresión de no asumir compromisos internacionales y por lo tanto continuar manejando el país a su entero antojo, lo que provocaría sanciones internacionales a corto, mediano y largo plazo.

En el mes de noviembre del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publico la sentencia en la que condena al Estado Honduras por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al golpe de estado en el año 2009, ordenando la restitución de tres de ellos, en iguales o mejores condiciones en las que se desempeñaban al momento de los hechos, ratificando de manera contundente el mal manejo de la administración pública del estado y la arbitrariedad con la que se toman decisiones desapegadas a las normativas tanto nacionales como internacionales.

De la misma forma es alarmante que en nuestro país exista más de un 70% aproximadamente de mora judicial, en donde claramente no se respeta el debido proceso judicial, violentándose garantías constitucionales, al igual que normativas internacionales, irrespetando así el sagrado principio de la inocencia hasta que se demuestre bajo los procedimientos legalmente establecidos la culpabilidad. En el presente año tuvimos casos emblemáticos de violación al debido proceso, como ser el caso de la familia Rosenthal, quienes fueron despojados de todos sus bienes y están siendo enjuiciados en los Estados Unidos de Norteamérica, caso en el que claramente quedo evidenciado el débil y violatorio sustento jurídico que regula la privación de dominio en nuestro país, determinando ilegales procedimiento que laceran las garantías mínimas del debido proceso y por lo tanto todo derecho humano inherente a las personas.

Hace unos pocos días, el Congreso Nacional de la República, aprobó el presupuesto general del ejercicio fiscal para el año 2016, por más de 206 millones de lempiras. Varios diputados de la oposición afirmaron que el 40 por ciento de dicho presupuesto estaba destinado al pago de deuda, y el otro 60 por ciento ya estaba comprometido, quedando sin recursos para la inversión. Lamentablemente las personas que toman las decisiones en nuestro país (cuando soberanamente y representativamente es una función inherente al pueblo) le siguen apostando a la guerra, a la violencia, destinados dineros inauditables a una tasa de seguridad que no ha brindado ninguna respuesta en lo absoluto, al contrario ha contribuido a la propagación de más y más violencia, despojando los recursos necesarios que deberían ser invertidos para la educación, la salud y para la creación de espacios que brinden oportunidades inclusivas para toda la población.

Todas estas cifras dejan al descubierto las malas y arbitrarias decisiones que se toman por parte de los gobernantes, quienes invierten en violencia, con mandatos dictatoriales, tomando  decisiones que solo favorecen a sus bolsillos y la de sus familias, y brindando al pueblo represión y miseria.

Hace mucho tiempo hemos vivido en guerra, una guerra no declarada abiertamente pero que si es real, en donde la gente muere día con día, se destruyen sueños y esperanzas, y se eliminan semillas de lucha; un país en donde las clases más privilegiadas tienen cada vez más, y los pobres cada vez menos, con un sistema que es blindado día con día, ley con ley, decreto tras decreto, y donde los medios de comunicación juegan como en toda guerra un papel decisivo, para limpiar las mentes, lavar cerebros y convertirnos en borregos.

Queramos o no esta es una guerra que estamos obligados a ganar, con ideas, con valentía, con fuerza, pero sobre todo con inteligencia y decisión.

Reflexionemos.

Atte,

Abog. Samuel Inestroza

¿SIETE AÑOS MAS DE IMPUNIDAD?

La constitución de la República de Honduras establece como atribución del Congreso Nacional el elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros para el periodo que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la junta nominadora. Este mismo cuerpo jurídico determina que los magistrados y jueces independientes son el medio a través de los cuales se ejecuta la potestad de impartir justicia de manera “gratuita” en nuestro país.

La corte Suprema de Justicia deberá de estar integrada por 15 magistrados y sus decisiones se tomaran por la mayoría de la totalidad de sus miembros.  Para ser magistrado de la corte suprema de nuestro país es necesario ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado debidamente colegiado, mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional por mas de 5 años, o ejercido la profesión durante 10 años. El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de 7 años, contados a partir de la fecha en que presten su promesa de ley.

La constitución de la República también determina quienes integraran la junta nominadora encargada de proponer una nómina de donde serán electos dichos magistrados, siendo integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, Colegio de abogados, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Claustro de Profesores de la Escuela de Ciencias Jurídicas a través de la UNAH, Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Confederación de Trabajadores. Las organizaciones que integraran la junta nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la comisión permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo mínimo a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero.

Nuestro país a lo largo de la historia ha sido carente del pilar fundamental para que funcione una sociedad: LA JUSTICIA, la cual solo ha favorecido a quienes gozan del poder, y ha creado no solo una inmensa desigualdad, sino también un atraso irreversible a la sociedad.

El pueblo como poder originario y soberano que da vida al sistema “representativo” no goza de ese derecho inherente a pesar de estar en una supuesta “democracia” la cual debería de garantizarnos a todos los hondureños un trato igualitario, cumplimiento fielmente las normativas esenciales del derecho para una satisfacción plena del ciudadano.

Como todos lo sabemos el poder Judicial es el poder del Estado (que emana del PUEBLO) encargado de impartir justicia y hacer cumplir el derecho vigente en Honduras; órgano del estado que tiene la potestad de administrar justicia y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. Lamentablemente las leyes en nuestro país (literalmente muy completas) no se cumplen en lo mas mínimo, y quienes son encargados de impartir justicia, son con frecuencia los primeros infractores, creando una desarticulación social y por ende un fracaso del estado.  

Son innumerables las cantidades de casos en nuestro país en donde descaradamente se observa la inclinación de la balanza al mejor postor, violentando toda normativa jurídica y atropellando cualquier derecho humano, solo con el fin de satisfacer una sedienta corrupción, abonando al descalabro del sistema judicial nacional.

El papel de la Corte Suprema de Justicia (en todos los niveles jerárquicos (Juzgados de Paz, Juzgados de Letras, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema)) a través de la era “democrática” de nuestro país, ha sido de muy poca credibilidad para el mejoramiento jurídico nacional, actuando de manera parcial y prestándose a cualquier clase de picardías, irrespetando la soberanía popular.

El atraso jurídico nacional se refleja en la politización partidaria de la justicia, un bipartidismo atroz que sigue haciendo desastres e imponiendo decisiones, marcando de colores la justicia cuando debe ser color blanco de pureza, por lo que si el gobierno central es azul la justicia es azul, y si el gobierno es rojo la justicia es roja, conceptos arcaicos y totalmente errados que nos tienen en los escalones más altos de corrupción a nivel mundial, y en una profunda miseria.  

Desde el mismo momento en que las decisiones tomadas por un poder del estado infringen la voluntad popular y nuestro derecho positivo, ocurre una retroactividad soberana retomando el poder originario al pueblo ya que el poder nace de las mayorías.

Hay que comprender de una vez por todas, que un país sin justicia es un país fracasado, no puede existir la paz y mucho menos el desarrollo sin justicia, es literal y prácticamente sencillo, pero nuestros gobernantes una vez más sedientos de poder no miran más allá de sus narices y solo actúan en base a sus intereses personales.

Necesitamos magistrados capaces, con principios y valores, que velen solo por la búsqueda de la justicia, no precisamente por el cumplimiento acérrimo del derecho, porque existen estados (como el nuestro) que astuta y maliciosamente crean y crean leyes sin sentido, sobre poniéndose una sobre otra, pretendiendo confundir y hacer inclinar la balanza solo por sus intereses, por lo que me atrevo a decir que siempre siempre siempre debe prevalecer la JUSTICIA SOBRE EL DERECHO, sobre el formalismo, sobre la confusión.

Es tiempo de cambiar y hacer que cambien estas erradas decisiones de las minorías que nos pretenden gobernar, siendo urgente que todos y todas nos involucremos y nos unamos en una sola fuerza social, indistintamente de colores partidarios, y caminemos de frente por el bienestar y mejoramiento de nuestra patria. NO A SIETE AÑOS MÁS DE IMPUNIDAD.

Abog. Samuel Inestroza

LA HONDURAS INDIGNADA

Honduras nuevamente llega a un momento decisivo y trascendental en su historia como país, una nación en donde los gobernantes y funcionarios a lo largo de los años han demostrado su total incapacidad e ineptitud para representar y dirigir dignamente los destinos de la ciudadanía, principalmente el actual régimen al cual se le atribuyen las atrocidades de corrupción más descaradas de los últimos años, con una institucionalidad fracasada, orillando al país a tener los índices mundiales más elevados de miseria, inseguridad y corrupción, abriendo mas y mas la brecha entre clases sociales, existiendo una inhumana distribución de las riquezas.

A raíz del golpe de estado en el año 2009 gran parte de la población logró quitarse la venda de los ojos, comprendiendo la cruda realidad, y desnudando a los enemigos de la sociedad, grupos de poder que nos han sometido por décadas, lo que nos obligó a convertir las calles en un campo de batalla popular, llenos de indignación, protestando constantemente con ideas y afrontando la feroz represión estatal. Fuimos y seguimos siendo muchos los indignados que a través de los años nos hemos sumado a una larga y frontal lucha contra la corrupción, contra las desigualdades sociales y contra la injusticia, exigiendo los más preciados y fundamentales derechos humanos que nos dignifican como personas.

Hoy en día las grandes atrocidades gubernamentales no solo tocaron la puerta de las clases más desposeídas como siempre, sino que esta vez llegaron a la conciencia de millones de Hondureños sin importar su clase social o su estatus económico, dejando de ser indiferentes a la realidad nacional, convirtiéndose en una masa popular que comprendió que el sistema económico y las equivocadas decisiones de un gobierno no afectan solo a las clases más desposeídas sino que ha todas las personas que habitamos en el territorio nacional, sin distinción de ningún tipo, llegando a un punto de inflexión toral, que abono para el despertar del pueblo.

Hoy estamos ante un partido político casi en extinción que gobierna antojadizamente las arcas del estado, admitiendo estar involucrado en uno de los actos de corrupción más significativos de nuestros país al asaltar un derecho sagrado de todo ser humano : el derecho a una salud pública y de calidad, utilizando dichos fondos para financiar sus campañas políticas.

Dicha situación ha desencadenado en el pueblo una rabia y una profunda impotencia al conocer los descarados y cínicos actos de corrupción que afectan absolutamente a toda la población.

Todas las calles y rincones de Honduras semana a semana se encienden bajo consignas y pancartas que exigen de una vez por todas que Honduras tenga un nuevo rumbo, una nueva estructura institucional con verdaderos resultados, con cero impunidad y ya no más corrupción.

El clamor popular y el uso de nuestra facultad inherente como ciudadanos dentro de un territorio de ejercer nuestro poder soberano, hoy más que nunca se hace sentir, y demuestra que ante un gobierno fallido e incompetente, todos los controles del poder regresan nuevamente al pueblo, ya que fue el soberano quien delegó a una figura presidencial el poder gubernamental temporal y al no funcionar este por estar corroído por la descarada he inmunda corrupción, el pueblo nuevamente toma el poder que nace de él mismo.

Honduras no es la misma y los sectores sociales que la componen han jugado un papel trascendental en la vida política y social del país, lo que nos llena de esperanza y nos obliga a luchar por nuestra patria y a continuar alzando la voz.... hoy somos ante el mundo la Honduras Indignada. 

Abog. Samuel Inestroza

TRAICIÓN

El artículo 189 de la Constitución de la República establece que “el Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, QUE SERÁN ELEGIDOS POR SUFRAGIO DIRECTO.” A Pesar de que nuestro país cuenta con un sistema “democrático” fallido, y un estado jurídico quebrantado por las constantes violaciones a la ley fundamental, existen pequeñas secuelas democráticas en el momento de ejercer la soberanía popular a través del voto representativo, cuando el pueblo deposita su voluntad ciudadana de elegir a quienes los representen ante las instancias de mayor toma de decisión en el país (a pesar del corrupto sistema electoral que impera). Nuestra carta magna (lo poco o nada que queda de ella) establece claramente que serán electos por el voto popular, como REPRESENTANTES DEL PUEBLO, para velar por sus intereses y conquistas, prevaleciendo el bienestar colectivo.

La Ley electoral creada con el único objetivo de regir los procesos electorales, establece lo referente a los partidos políticos definidos como instituciones de derecho público, determinados por sus principios y estatutos, que regirán los parámetros de sus miembros, al igual que establece todo lo referente a los procesos electorales, convocatoria, elección primaria, general, etc.

El día de hoy, un diputado suplente del partido libertad y refundación renunció ante la secretaría del Congreso Nacional a dicho partido político, aduciendo situaciones que no compartía al interior de la bancada, lo que lo obligó a tomar esa decisión. Actualmente suman 10 los “diputados” que han abandonado este partido político.

Después de la terrible crisis política ocurrida años atrás, y producto de una gran inconformidad popular, surgen nuevas respuestas para nuestra Honduras, movimientos fundamentados en la lucha social y con el único objetivo de transformar y refundar nuestra patria.

Producto de esa inconformidad social, más la urgente necesidad de vencer a un bipartidismo feroz y corrupto nace entre otros el partido Libertad y Refundación como una fuerza política, amplia, democrática, revolucionaria e incluyente, una institución de carácter permanente y de derecho público, con una membresía abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas que expresen su voluntad de afiliación, con la principal finalidad de Refundar el Estado de Honduras y transformar la sociedad, sustentando un profundo sentido de Patria en libertad, democracia, soberanía y poder popular.

Los respectivos candidatos a elección popular (en este caso diputados) pasaron por los procesos legales/electorales establecidos en la ley y los partidos políticos de los cuales surgen, cumpliendo los requisitos y participando en las decisiones soberanas.

Después de las grandes luchas en las calles, tantos mártires, constante represión, valientes protestas, incontables muertes, etc., la gran mayoría del pueblo tenía esa opción fresca, nueva, alentadora, de un partido nacido del vientre del dolor y con el único fin de refundar el país. Es por esas fuertes convicciones que el “voto popular” les fue otorgado a la gran mayoría de candidatos por el partido Libre, enfocados bajo un proyecto en común, y con las esperanzas de hacerle frente al Estado fallido (hoy en día peor) delegando la gran y delicada tarea de representar los intereses más puros no sólo de los miembros de un partido (como el actual gobierno) sino que también de las grandes mayorías ante tan importante poder del estado.

Es así que el día de hoy estos diputados (disidentes) olvidaron toda la lucha, la sangre derramada y el objetivo primordial por el que fueron electos, burlando y traicionando la voluntad soberana, de un pueblo que resistió y resiste ante un sistema deshumanizante y desposeedor. Estos “diputados” han creído y mal entendido que el partido Libertad y Refundación le pertenece a una sola persona o grupo de personas, grave equivocación, ya que los únicos dueños de Libre son las mayorías, el pueblo pueblo, el que ha resistido en la lucha, siendo dominado y dirigido por todos y todas los que tenemos un ideal firme e inclaudicable de transformar nuestra patria, y no por caudillismos ni perfiles engrandecidos.

Los servidores Públicos se deben al pueblo, a la voluntad soberana, al bienestar social, y a la igualdad humana.

Atte,

Abog. Samuel Inestroza

EL DECÁLOGO DEL ABOGADO DE HOY

Estudia: ya que en nuestro país existe una cantidad inmensurable de leyes, las cuales constantemente se reforman y modifican, por lo tanto tenemos que ser más estudiosos de lo normal, ya que como buenos profesionales y honrados ciudadanos hondureños, tenemos la responsabilidad de conocer a cabalidad dichas normas jurídicas: “No podrá alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial.......”

Piensa: en las injusticias, en la inequidad, en la corrupción, en el atraso, en la pobreza, en tu alrededor, para que así pienses en la búsqueda del bien común, en tu amor patriótico y en dar todo de tu parte para que ya no existan más injusticias.

Trabaja: para que construyas cimientos que dignifiquen nuestra profesión y nuestro país, y que nos hagan cumplir nuestra gran responsabilidad social.

Lucha: incansablemente, no sólo por tus intereses ni por tu beneficio personal, sino por el de la colectividad, siempre sobre el fin primordial que es la búsqueda de la Justicia y el bien común.

Se leal: a tus principios, a tus valores, a tu profesión, a la justicia, a tu patria.....

Tolera: ideas, creencias o prácticas distintas a las tuyas, pero siempre defiende tu postura con respeto, principios y fundamentos justos.

Ten Paciencia: ya que las batallas no se ganan de la noche a la mañana, pero ten por seguro, que si tu lucha es justa, tus frutos siempre serán dulces.

Ten fe: en tu capacidad, en tus principios, en tus ideales, en la justicia, en la libertad, en el amor....

No olvides: tus raíces, tu alrededor, tus ideales, tu patria, caminando siempre de frente con humildad, responsabilidad y con el único fin: tu país.

Ama tu Profesión: para engrandecer tu gremio, tu país, y que producto de dicho esfuerzo se hagan notar las grandes transformaciones jurídicas nacionales, y que el día de mañana que tu hijo, tu sobrino, tu hermano, primo, tío, abuelo, etc. Te pida un consejo sobre su destino, consideres para ti, un honor proponerle que sea un abogado diferente, con principios y valores.

Abog. Samuel Inestroza