ESTADO
Según
el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) Honduras es uno de los país más pobres, vulnerables y desiguales de América
Latina con un 67,4%[i]; de la misma forma el
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) determino que
durante el primer semestre de 2018 se registraron en Honduras 3,550 muertes por
lesiones de causa externa y un descenso del 2.3%, en relación al mismo periodo
de tiempo de 2017[ii].
Recientemente
nuestro país atravesó por uno de los procesos más ilegítimos e irregulares de
su historia “Democrática” en las pasadas elecciones generales del año 2017, en
donde el presidente de la República nuevamente aspiró a la presidencia, a pesar
de que nuestra Constitución de la República claramente lo prohíbe,
estableciendo artículos “pétreos” que aseguran precisamente la alternancia en
el ejercicio de la presidencia, procedimiento que se “legalizo” a través de un
Poder del Estado que declaro “Inconstitucional” el cuerpo constitucional,
extremo que se aleja de toda lógica humana y jurídica; referidas
irregularidades han abonado al colapso institucional y a la extrema crisis económica
y social que atraviesa nuestro país, siendo esta una razón más para que la población
no confíe en los “Poderes del Estado” ni en la política que representan, existiendo
una generalizada inconformidad y una falta de credibilidad en la función pública.
La
historia nacional se ha caracterizado por la inmensa desigualdad social a la
que hemos sido sometidos los hondureños a través de los años, en donde tradicionalmente
unos pocos tienen las riquezas, y las mayorías son las más desposeídas,
avalados por un sistema capitalista que convierte la fuerza de trabajo en una mercancía
mal pagada y mantiene en el letargo a la población a través de poderosos medios
de comunicación que se encargan de “embrutecer” al pueblo.
Una
de las peores enfermedades que puede tener un Estado de Derecho es precisamente
la corrupción y la impunidad, razones que se convierten en los peores enemigos
del desarrollo, y que llegan a matar a mas seres humanos que las propias
guerras armadas. Hay que denotar que en nuestro país el “Estado de Derecho” es
completamente utópico, ya que los pesos y contra pesos[iii]
no existen, al prevalecer un solo poder del estado que prácticamente controla
los demás, lo que evita una distribución real del poder, convirtiéndose en “autoritarismo”[iv], ya
que una sola persona controla la justicia, las leyes, las finanzas, las fuerzas
armadas, etc. Yo me pregunto: ¿Cómo es posible que Honduras siendo un país en
extrema pobreza, priorice L. 270 millones de lempiras en armas?[v]
¿Acaso los niños hondureños comen armas? ¿Acaso no hay prioridades en salud, educación,
alimentación, vivienda, seguros sociales, etc? La realidad de Honduras es tan
simple como andar por la calle: niños, ancianos, mujeres, personas con
discapacidad pidiendo en cada esquina, negocios cerrando por los altos cobros
de impuestos, desempleo, alto costo de la vida, falta de hospitales, niños
recibiendo el “pan del saber” en el suelo, salarios inhumanos, criminalización de
la protesta social, gente muriendo por falta de medicinas, incumplimiento normativo
(tanto nacional como internacional), presos políticos, altos funcionarios
vinculados en actos de corrupción siendo absueltos, el crimen organizado
apoderado de partidos políticos, iglesias, bancos y en definitiva una falta de acceso a la Justicia[vi],
lo que convierte al Estado de Honduras en “inseguro” ya que la seguridad
ciudadana engloba la satisfacción total por parte del Estado a favor de la ciudadanía de condiciones humanas para que éste pueda vivir plenamente. “La falta de seguridad y justicia devela una
distribución poco equitativa de un “Bien Publico” que debe ser común. Cualquier
ciudadano debe tener la certeza de que accede a ella independientemente de su condición.
Al no cumplirse esta premisa esencial de todo “Estado Democrático” se enfrenta
entonces un problema mayor, por cuanto a la falta de acceso a la justicia y la
seguridad, generan un estado permanente de marginalidad inherente a la
desigualdad.” [vii]
La
desigualdad social en nuestro país se ve reflejada en la frágil “democracia”
que existe, la cual está alejada de todo principio de participación ciudadana e
inclusión política en la toma de decisiones, secuestrado por grupos de poder económicos
que deciden el “como”, “cuando”, “donde” y “porque” del futuro del país. Es
importante recalcar que cuando hablamos de un “Estado” tenemos que enfatizar en
los elementos propios del mismo: “Territorio, Población y Poder”, denotando por
ende que el “Estado” como tal, somos todos y todas y que parte de la debilidad,
ilegitimidad y fracaso social atraviesa por las omisiones de las mayorías al no
tener la capacidad soberana de contrarrestar los abusos y excesos de los gobernantes
en el desempeño de su funciones públicas.
Se
puede concluir a través de la historia de países subdesarrollados como el
nuestro, que la falta de oportunidades, la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo,
la corrupción, la impunidad, la comisión
de delitos, la convulsión social, el desempleo, la falta de acceso a salud,
etc. Son producto en su gran mayoría de procesos antidemocráticos, en donde
prevalece la imposición, resultando imposible superar las crisis económicas y
sociales bajo condiciones ilegitimas, por lo que se debe fortalecer la participación
ciudadana y el involucramiento de todos los sectores sociales en los procesos
representativos, para así lograr un sistema de justicia más efectivo, que ataque
de una vez por todas las causas de la corrupción, la impunidad y la
desigualdad, al igual que de manera preventiva, a través de la simple aplicación jurídica de
principios y derechos inherentes al ser humano.
No
podemos obviar que el fin suprema de la sociedad y el Estado es y debe ser siempre el respeto
a la Dignidad Humana, centro de todo desenvolvimiento jurídico/social/histórico,
debiendo el Estado asumir la tarea de
crear condiciones de seguridad y armonía social que promuevan una mejor
calidad de vida para cada uno de los miembros en la sociedad.
Atte,
Abog. Samuel Inestroza
[i] Informe
2018 CEPAL
[ii] Boletín
Enero-Junio 2018 (IUDPAS/UNAH)
[iii] Teoría
de la Distribución Social del Poder
[iv] Régimen
que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad
[v] Informe
FOSDEH
[vi]
Poder utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y
protejan sus demás derechos.
[vii] Jorge
Burgos V., Patricio Tudela P. “Seguridad ciudadana en Chile: Los desafíos de la
participación y la modernización para una política pública”
