SEGUIMOS EN GUERRA
Recientemente
el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
afirmó que la tasa de homicidios al cierre de este año 2015 será de 61 por cada
cien mil habitantes, con un promedio de homicidios diarios de 14 personas.
Dichas cifras continúan siendo alarmantes, convirtiendo a nuestro país en uno
de los más violentos del área. De la misma forma informes internacionales continúan
declarando a nuestro país como uno de los más corruptos, con elevados índices de
impunidad y violadores de los derechos humanos.
A
mediados de octubre del presente año, representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentaron la penosa decisión por
parte de los representantes de Honduras de no asistir a las sesiones convocadas
por este organismo internacional, en donde se tratan temas de excesiva
importancia para el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos,
dejando en evidencia por parte de los representantes de nuestro país la expresión
de no asumir compromisos internacionales y por lo tanto continuar manejando el país
a su entero antojo, lo que provocaría sanciones internacionales a corto,
mediano y largo plazo.
En
el mes de noviembre del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, publico la sentencia en la que condena al Estado Honduras por la destitución
de cuatro jueces que se opusieron al golpe de estado en el año 2009, ordenando
la restitución de tres de ellos, en iguales o mejores condiciones en las que se
desempeñaban al momento de los hechos, ratificando de manera contundente el mal
manejo de la administración pública del estado y la arbitrariedad con la que se
toman decisiones desapegadas a las normativas tanto nacionales como
internacionales.
De
la misma forma es alarmante que en nuestro país exista más de un 70%
aproximadamente de mora judicial, en donde claramente no se respeta el debido
proceso judicial, violentándose garantías constitucionales, al igual que
normativas internacionales, irrespetando así el sagrado principio de la inocencia
hasta que se demuestre bajo los procedimientos legalmente establecidos la
culpabilidad. En el presente año tuvimos casos emblemáticos de violación al debido
proceso, como ser el caso de la familia Rosenthal, quienes fueron despojados de
todos sus bienes y están siendo enjuiciados en los Estados Unidos de Norteamérica,
caso en el que claramente quedo evidenciado el débil y violatorio sustento jurídico
que regula la privación de dominio en nuestro país, determinando ilegales
procedimiento que laceran las garantías mínimas del debido proceso y por lo
tanto todo derecho humano inherente a las personas.
Hace
unos pocos días, el Congreso Nacional de la República, aprobó el presupuesto
general del ejercicio fiscal para el año 2016, por más de 206 millones de
lempiras. Varios diputados de la oposición afirmaron que el 40 por ciento de
dicho presupuesto estaba destinado al pago de deuda, y el otro 60 por ciento ya
estaba comprometido, quedando sin recursos para la inversión. Lamentablemente
las personas que toman las decisiones en nuestro país (cuando soberanamente y
representativamente es una función inherente al pueblo) le siguen apostando a
la guerra, a la violencia, destinados dineros inauditables a una tasa de seguridad
que no ha brindado ninguna respuesta en lo absoluto, al contrario ha
contribuido a la propagación de más y más violencia, despojando los recursos necesarios
que deberían ser invertidos para la educación, la salud y para la creación de espacios
que brinden oportunidades inclusivas para toda la población.
Todas
estas cifras dejan al descubierto las malas y arbitrarias decisiones que se
toman por parte de los gobernantes, quienes invierten en violencia, con
mandatos dictatoriales, tomando decisiones
que solo favorecen a sus bolsillos y la de sus familias, y brindando al pueblo represión
y miseria.
Hace
mucho tiempo hemos vivido en guerra, una guerra no declarada abiertamente pero
que si es real, en donde la gente muere día con día, se destruyen sueños y
esperanzas, y se eliminan semillas de lucha; un país en donde las clases más
privilegiadas tienen cada vez más, y los pobres cada vez menos, con un sistema que
es blindado día con día, ley con ley, decreto tras decreto, y donde los medios
de comunicación juegan como en toda guerra un papel decisivo, para limpiar las
mentes, lavar cerebros y convertirnos en borregos.
Queramos
o no esta es una guerra que estamos obligados a ganar, con ideas, con valentía,
con fuerza, pero sobre todo con inteligencia y decisión.
Reflexionemos.
Atte,
Abog.
Samuel Inestroza
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